La Estrategia de Inteligencia Artificial aprobada por el Consejo de Ministros invertirá 1.500 millones de euros en diferentes sectores para desarrollar esta tecnología e impulsar su adopción por parte de las empresas. En Paréntesis MEDia, te explicamos los cuatro ejes que se quieren impulsar: supercomputación, modelos de lenguaje, empresa e investigación y educación.
Ciberseguridad, eficiencia energética y regulación
En un mundo cada vez más digitalizado, la estrategia del Gobierno de España en materia de Inteligencia Artificial (IA) busca abordar tres aspectos cruciales que van más allá de las inversiones: la ciberseguridad, la regulación y supervisión de la IA, y la planificación y distribución de centros de procesamiento de datos (CPDs).
Reconociendo que ninguna transformación digital puede ocurrir sin una base sólida de ciberseguridad, se ha diseñado un plan que incluye formación y prevención, especialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). La inversión en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) es clave en este aspecto, con un presupuesto de 60 millones de euros destinados a la compra pública de soluciones que permitan la adopción de IA en la ciberseguridad. Esta iniciativa busca fortalecer la resiliencia cibernética del país, asegurando que las empresas estén adecuadamente protegidas frente a amenazas digitales.
La creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) es otro pilar fundamental de esta estrategia. Este organismo tiene como misión garantizar que la implantación de la IA en España sea transparente, responsable y humanística, abordando los riesgos y estableciendo límites en la toma de decisiones automatizadas para asegurar el consenso social. La agencia también supervisará el cumplimiento del Reglamento de IA, aplicando en España la legislación europea. Este enfoque integrador busca asegurar que la IA sea utilizada de manera ética y transparente.
El aumento de la demanda de centros de procesamiento de datos es otro desafío que España debe afrontar, bajo la regulación del Ministerio de Transición Ecológica. Para ello, se está trabajando en una nueva ley que ordenará el establecimiento de Centros de Procesamiento de Datos (CPDs) en línea con la Directiva de Eficiencia Energética. Esta regulación buscará mejorar la planificación territorial para estos centros, optimizando el uso de recursos como la energía y el agua, y agilizando los permisos necesarios para su instalación. En este sentido, se distribuirán estratégicamente los centros de procesamiento de datos en zonas con mayor generación de energía. La planificación también incluye la creación de subestaciones de alta tensión, necesarias para soportar la infraestructura de estos centros.
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