En una era donde la línea entre lo público y lo privado se desdibuja en el vasto mundo de las redes sociales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentado un precedente significativo. En dos sentencias unánimes, el Alto Tribunal ha dictaminado que los cargos públicos pueden bloquear a seguidores en sus cuentas de redes sociales si el uso que hacen de estas es personal y no en ejercicio de su autoridad. Este fallo surge de casos que, aunque de escala local, resuenan con la controversia previa en torno al expresidente Donald Trump y su manejo de Twitter.
Los casos en cuestión involucraron a James Freed, gerente de Port Huron, Michigan, y al consejo escolar de Poway, California, quienes fueron demandados por bloquear a seguidores en Facebook. La disputa central radicaba en si al hacerlo, estos cargos públicos violaban la libertad de expresión de los ciudadanos. La decisión del Supremo clarifica que la clave no reside en la posición pública del individuo, sino en la naturaleza del uso de la cuenta.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictamina que los cargos públicos pueden bloquear a seguidores en redes sociales bajo uso personal, marcando un precedente en la intersección de la libertad de expresión y el espacio digital.
La sentencia establece que un funcionario público incurre en una actuación estatal, y por ende, podría estar violando la Primera Enmienda, solo si poseía y pretendía ejercer su autoridad oficial al momento de interactuar en las redes sociales. Este criterio ofrece una guía para discernir entre acciones privadas y oficiales en el ámbito digital, aunque admite que la distinción puede ser compleja.
El Supremo argumenta que la existencia de un cargo público no transforma automáticamente todas las acciones en redes sociales en actos oficiales. Por ejemplo, un alcalde anunciando oficialmente una medida en una asamblea está claramente ejerciendo su cargo, pero si comenta lo mismo en una reunión privada, actúa en su ámbito personal. La sentencia sugiere que una clara advertencia sobre la naturaleza personal de la cuenta podría ayudar a evitar confusiones, aunque no es determinante para clasificar la cuenta como oficial o personal.
Este fallo no solo impacta a los cargos públicos en Estados Unidos, sino que también resalta la creciente importancia de las redes sociales como plataformas de comunicación política. En España, figuras políticas como Pablo Iglesias, Óscar Puente e Isabel Díaz Ayuso han generado controversia por bloquear cuentas críticas, aunque estos casos no han escalado a los tribunales.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos marca un momento crucial en el debate sobre la libertad de expresión en el espacio digital, estableciendo un marco para equilibrar los derechos constitucionales con la naturaleza personal de las interacciones en redes sociales. A medida que la política y la vida personal continúan entrelazándose en plataformas digitales, este fallo proporciona una guía esencial para navegar este nuevo terreno.
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