Kamala Harris, cuya carrera política ha estado marcada por su lucha contra el abuso en línea, ahora se encuentra en el centro de una tormenta de acoso digital. Desde que Joe Biden la eligió como su compañera de fórmula en 2020, Harris ha sido blanco de ataques sexistas y racistas en plataformas como Facebook e Instagram. Estos ataques, que incluyen afirmaciones falsas sobre su género y su raza, así como insinuaciones sobre su vida privada, han llamado la atención de legisladoras como la representante Anna G. Eshoo (D-Calif.) y la entonces representante Jackie Speier (D-Calif.), quienes han planteado preocupaciones sobre cómo las publicaciones sobre políticas femeninas parecen eludir las normas de contenido de Meta.
Un informe del Wilson Center reveló que, hacia finales de 2020, Harris fue el objetivo del 80% de los más de 336.000 contenidos abusivos analizados en varias plataformas de redes sociales. Esto llevó a Meta, bajo la dirección de la entonces directora de operaciones Sheryl Sandberg, a modificar sus políticas internas para prohibir imágenes que sexualizan a las mujeres políticas.
Cuatro años después, como vicepresidenta y candidata para suceder a Biden, Harris enfrenta una nueva ola de ataques en línea. Se han esparcido falsas afirmaciones sobre su historia sexual y se han utilizado hashtags despectivos en redes sociales. Fotos alteradas o sacadas de contexto la vinculan falsamente con figuras controversiales como Jeffrey Epstein y el rapero Sean “Diddy” Combs. Estas narrativas han sido amplificadas por figuras políticas influyentes, incluyendo al comentarista conservador Matt Walsh y al expresidente Donald Trump.
Kamala Harris, quien ha sido una ferviente defensora de iniciativas contra el abuso en línea hacia las mujeres, ahora enfrenta ataques personales en las mismas plataformas que busca regular.
El trasfondo de Harris como fiscal general de California fue fundamental en su enfoque para presionar a las empresas tecnológicas a limitar contenido abusivo o potencialmente dañino. Persiguió a ejecutivos del ahora desaparecido sitio de clasificados Backpage por permitir anuncios de servicios sexuales y obligó a las compañías tecnológicas a proteger a víctimas cuyas imágenes íntimas fueron publicadas en línea sin su consentimiento, un fenómeno conocido como «porno de venganza». Además, apoyó legislación que amplió la capacidad de la policía de California para investigar crímenes de porno de venganza.
Estos esfuerzos, sin embargo, han tenido un éxito mixto. Mientras que algunas de sus iniciativas han logrado cambios significativos en la política de contenido de las grandes plataformas tecnológicas, otros han argumentado que sus acciones han perjudicado a trabajadores sexuales al forzarlos a buscar clientes de maneras menos seguras.
Harris también enfrentó críticas por su apoyo a SESTA-FOSTA, una ley de 2018 que permitió demandas y casos penales estatales contra sitios web que alojan anuncios de tráfico sexual. Críticos argumentaron que este movimiento fue un asalto a la libertad de expresión y debilitó la inmunidad legal otorgada a las compañías tecnológicas por el contenido publicado en sus plataformas bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.
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